CARTA DEL EPISCOPADO COLOMBIANO A LOS HONORABLES CONGRESISTAS
CARTA DEL EPISCOPADO COLOMBIANO A LOS HONORABLES CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE LEY N. 47 DE 2012
Honorable Congresista:
La Conferencia Episcopal de Colombia ha seguido, con particular atención, el iter legislativo del PROYECTO DE LEY NÚMERO 47 de 2012 «por el cual se establece la institución del matrimonio para parejas del mismo sexo, se modifica el Código Civil y se dictan otras disposiciones».
Dada la importancia que para la sociedad revisten el matrimonio y la familia, en nombre del Episcopado colombiano, nos permitimos hacerle llegar, en pleno respeto de su libertad y autonomía, este apremiante apelo a su conciencia, buscando su decidido apoyo al verdadero y único matrimonio, constituido por la unión de un hombre y de una mujer.
l. Nada tiene la Iglesia contra las personas homosexuales o contra el reconocimiento y ejercicio de sus legítimos derechos y deberes. El Episcopado colombiano es consciente de que, más allá de la orientación o del comportamiento sexual de cada individuo, toda persona tiene la misma dignidad fundamental ante Dios y ante el Estado.
2. El respetuoso desacuerdo de la Iglesia frente al denominado «matrimonio homosexual» no está fundado en posturas intolerantes y discriminatorias o en la voluntad de «imponer» a la sociedad un credo religioso al margen del sano pluralismo democrático.
3. Nuestras razones son de una índole muy diversa. Obedecen, en definitiva, al reconocimiento y respeto que todos debemos brindar a la persona humana y a sus valores fundamentales. Un valor muy importante es la familia, «núcleo esencial de la sociedad que se constituye -como lo reconoce el artículo 42 constitucional- por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de confonnarla».
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4. La familia y el matrimonio no responden a una ordenación política, jurídica o cultural meramente coyunturales. En realidad, anteceden a la religión, al Estado y a sus leyes, «imponiéndose» a ellos, tal cual son, en virtud de su intrínseca fuerza y belleza.
5. El matrimonio, a través de todas las culturas, las épocas y las religiones ha sido una institución formada por la unión estable de seres biológicamente distintos y complementarios: el varón y la mujer. No se trata de una unión meramente afectiva, es también una unión natural y jurídica, orientada a la procreación, a la educación de los hijos y a la ayuda mutua entre los cónyuges. De ese modo, cimentando las bases de la familia, el matrimonio contribuye de manera insustituible al bien común de la sociedad.
6. Dado que las uniones de personas del mismo sexo poseen, incluso biológicamente, características que las diferencian netamente de la unión que se establece entre un hombre y una mujer, sería injusto otorgarles el «privilegio» de un reconocimiento y de una tutela jurídica que pueda equipararlas al matrimonio o a la familia. La justicia exige que dichas realidades sean asumidas por el Legislador con un criterio diferencial. La
justicia, en efecto, no es dar a todos lo mismo sino a cada uno lo que realmente le corresponde.
7. El Estado tiene, ciertamente, la obligación de eliminar toda forma de discriminación injusta que pueda ser ejercida contra los homosexuales o contra cualquier otro ciudadano. Pero una cosa es regular jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo en el ámbito de los derechos civiles y patrimoniales y otra, muy distinta, es querer brindar a estas uniones un reconocimiento jurídico que, implícitamente, subvierte el orden establecido por la naturaleza humana y por nuestro marco constitucional y legal.
8. Para tutelar eficazmente los derechos de los homosexuales no es necesario, ni prudente, someter a la institución matrimonial a modificaciones artificiosas o a una reingeniería social contraria a su naturaleza y dinamismo. Esa es una apuesta arriesgada, cuyas consecuencias negativas no logramos todavía vislumbrar. Por ello, el Legislador, en cumplimiento de su alta responsabilidad, en un tema tan importante como el matrimonio, no puede plegarse a los hechos sociales, a las presiones mediáticas o de otros grupos de interés. Por el contrario, ha de procurar siempre que la ley tienda a la promoción del bien común y de la justicia. Si el Legislador no actúa según estos parámetros, se haría responsable de los graves efectos negativos que para la sociedad tendría el debilitamiento del matrimonio y de la institución familiar.
9. La respetuosa opinión expresada por la Iglesia Católica en la presente carta es también compartida por la inmensa mayoría del pueblo colombiano, por las iglesias históricas y evangélicas, que se unen a nosotros en este empeño común por salvaguardar la naturaleza auténtica del matrimonio y de la familia. Unidos, solicitamos a los legisladores un debate profundo y respetuoso, que evite las descalificaciones personales y sea ejemplo de las virtudes democráticas que a todos nos inspiran.
10. Hoy, cuando los colombianos nos congregamos en torno al bien de la paz, no podemos olvidar que el matrimonio y la familia juegan un papel fundamental en la construcción de este anhelo común.
Rogando al Dios Omnipotente lo guíe en el cumplimiento de su importante responsabilidad, aprovechamos la ocasión para reiterarle nuestros sentimientos de estima y consideración,
Cardenal RUBÉN SALAZAR GÓMEZ
Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia
Presidente de la Conferencia Episcopal
Jose Daniel Falla Robles
Obispo Auxiliar de Cali
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Bogotá, D.C., 9 de abril de 2013