Familias Colombianas vs. Ministra de Educación, Corte Constitucional, Colombia Diversa… y un largo etcétera

Fuente: ConPostura

Por: Alvaro José Cifuentes

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Las familias –incluso antes de haber marchado- ya ganaron este debate público sobre la libertad de enseñanza y merecen medalla de oro.

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Cuando la ministra fue nombrada le deseé públicamente éxitos en su gestión, pues el acierto de un servidor público incide en el bien común y, en concreto, de los logros de la máxima autoridad educativa del país se benefician millones de niños, cuyas familias anhelan una educación de calidad y una formación integral.

Estuve unas semanas en una estancia doctoral en Europa –donde investigué sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza en Colombia y otros países – y, al regresar, me encontré con una invitación para una reunión con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación municipal a finales de mayo. Acudí a esa cita, como directivo docente, donde nos reunimos rectores y directivos de instituciones educativas públicas y privadas. Ya intuía de qué se podría tratar el asunto de fondo de la reunión y estaba con gran expectativa de escuchar a la funcionaria del Ministerio. Empezó a exponer unas diapositivas donde se veían los aliados del Ministerio en esta iniciativa y a citar varias disposiciones legales. El rostro de varios directivos se empezó a tornar reflexivo y nos mirábamos unos a otros para anticipar hacia dónde avanzaría la reunión.

Después nos pusieron un video de casi tres minutos que expresó el fondo real de la reunión: convencer a los rectores de acoger el enfoque de género en todos los colegios de Colombia. Hubo inmediatamente voces de malestar al percibir el tono impositivo de aquella reunión. Hice una moción de orden y metodología, se serenaron los ánimos, y seguimos la reunión. A continuación jugamos tingo-tango con una pelotica de color arcoiris y, quien quedaba entango, debía explicar el significado de ciertas palabras como género, sexo, diversidad, etc. Si la respuesta no le satisfacía plenamente a la funcionaria del Ministerio, ella corregía y precisaba cada concepto desde su particular visión de la ideología de género, de la que tampoco la noté muy convencida, pero era su deber laboral defenderla. Y, entonces, pasando con intencional lentitud la pelotica, me tocó el tango, y escogí aleatoriamente una ficha que me animaba a explicar la palabra “género” y así lo hice juicioso percibiendo el asentimiento de la mayoría de asistentes. Pero a la funcionaria no le gustó mi respetuosa y fundamentada disertación, por lo que me corrigió como si fuera un niño pequeño equivocado, expresando a continuación el significado que ella consideraba el correcto o, de acuerdo a las instrucciones recibidas, debía ser el válido. Después vinieron las famosas preguntas para la revisión y ajuste (ojo: ajuste), preguntas que sí existen y son claramente tendenciosas y confusas. Por ese motivo preguntamos a la “profe” del Ministerio si debíamos entregar el formato diligenciado; ella, al escuchar la inconformidad de varios con ese proceso, afirmó que cada uno se las llevara para la reflexión. Así que nadie entregó nada y regresamos pensativos a continuar nuestras labores educativas.

La ministra Gina Parody es una preparada, habilidosa y dinámica política, muy acorde con el “dinamismo” de la política colombiana que permite cambios de posturas por conveniencia y una semántica ambigua que desconcierta a los ciudadanos. Claramente Gina es muy joven para ser la promotora de la ideología de género en nuestro país, aquella ideología –con dudoso soporte científico y alta carga emotiva– que pretende implantar en el mundo una visión minoritaria y muy particular de la afectividad y la sexualidad. Esa política internacional de implantación de la ideología de género lleva décadas –como recordaba anoche conversando con un amigo mucho mayor– y avanza estratégica y solapadamente con el respaldo de poderosas fundaciones, medios de comunicación, jueces, políticos, etc. Gina es sólo una política adicional que está convencida de los supuestos beneficios de esa ideología para la humanidad y facilita los canales institucionales para que esa imposición siga imponiéndose. Muy sencillo para ella, ahora, escudarse en la sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional –controvertida por cierto– y en la ley 1620 de 2013, para afirmar que es una aplicación mecánica y una simple revisión de los Manuales de Convivencia. Y, si es una sencilla revisión de la comunidad educativa, ¿por qué gastar $1.586’728.000 de nuestros impuestos para esa inofensiva revisión? ¿Para qué hacer esa contratación de varias entidades si la revisión la debe hacer la comunidad educativa, conforme a lo que repite en todas las ruedas de prensa y entrevistas? Por cierto, en las recientes y constantes entrevistas se le ha olvidado –quizá intencionalmente– mencionar a Colombia Diversa como parte importante y estratégica en ese proceso contratado.

Claro está que este tren del gobierno iba con toda la fuerza para hacer parecer participativo un proceso que ha sido notoriamente impositivo. Pero las familias lo están descarrilando. Escuchar las declaraciones de la ministra –excesivamente numerosas comparadas con lo poco que han entrevistado a asociaciones de padres de familia– es evidenciar la victoria de las familias que han hecho retroceder a la ministra para calmar los ánimos, reconociendo la autonomía escolar y libertad de los padres para educar a sus hijos. Seguramente cada vez que repite su discurso hablando maravillas de las familias y la libertad de enseñanza que les corresponde frente a sus hijos, muchos colectivos minoritarios, abanderados de la ideología de género, deben sentir preocupación al ver que este intento fracasó. No valen videitos ni más prensa, las familias tienen carácter y se ponen firmes cuando se aspira confundir e inducir a sus hijos hacia otros rumbos de pensamiento y comportamiento.

Surge una pregunta ¿Y por qué los rectores no se habían pronunciado o no se pronunciarán masivamente? Muchos rectores de colegios oficiales saben que expresarse en público puede traer perjuicios, pues nadie “patea la lonchera”, como se dice coloquialmente, pero en privado muchos manifiestan su inconformismo con el talante impositivo de esta agenda ideológica. Por otro lado, los rectores de colegios no oficiales también son prudentes, pues la injerencia actual del Estado colombiano en la educación es exagerada y asfixia con regulaciones y obstáculos la libertad de los particulares de crear colegios y gestionarlos con autonomía, haciendo muy ilusoria esa libertad fundamental de enseñanza que contienen nuestros artículos 27 y 68 de la Constitución, como complemento perfecto de los artículos 44 y 67 que garantizan el derecho a la educación y confiere un posición de privilegio a las familias en ese propósito. Por esa razón los colegios privados actúan con mucho tacto frente a las Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación y, también hoy, frente a la nueva autoridad máxima educativa, que parecen ser los magistrados de la Corte Constitucional. Además, los colegios privados tienen una cierta tranquilidad porque, como se lo expresé a la funcionaria-profe del Ministerio, “varios colegios privados decidirían cerrarse antes de ser obligados a enseñar ese enfoque concreto de la sexualidad y la vida que usted pretende que se acoja en los Manuales”. Sería absurdo que el Estado le dijera a una empresa de carros cómo diseñarlos y de qué color pintarlos. Pues mucho más absurdo, irracional y delicado es decirle a las familias y a la sociedad civil cómo educar la mente, la intimidad y la conciencia de los niños.

La ministra –retomo lo dicho al comienzo– ha iniciado, continuado e impulsado valiosos programas de transformación escolar como la Jornada Única, Todos a Aprender y Ser Pilo Paga, entre otros. Este último, por ejemplo, a pesar de sus críticas, es una muestra de lo que es la efectiva libertad de enseñanza: cada estudiante escoge el programa, los contenidos y la universidad en la que quiere ejercer el derecho a la educación. ¡Qué lejos estamos de que en la educación básica y media suceda algo semejante, con colegios públicos y privados que se ajusten a las exigencias de las familias en materia de calidad, principios, metodología y proyecto educativo! Empezando por las familias de escasos recursos que siempre tienen menor capacidad de elección del modelo educativo que desearían para sus hijos en materia formativa.

Hoy, por tanto, el debate no es si existe cartilla o no cartilla, imagen belga, chilena o australiana, caricaturas o no caricaturas, el debate es la primacía de esa libertad de enseñanza de los padres, esa autonomía de la familia que reconocen numerosas declaraciones internaciones de educar a los hijos conforme a los propios principios, valores y costumbres. ¡Este es el debate! Y entonces las familias colombianas y la sociedad civil se han organizado para marchar. Independiente de la imaginaria y siniestra manipulación que alude la ministra, los mensajes confusos y tendenciosos de esa iniciativa ideológica han hecho reaccionar al pueblo colombiano que marchará sin ningún interés partidista o politiquero, que marchará para hacerse sentir ante la ministra, la Corte, las entidades internacionales y los medios de comunicación. Los temores de las familias sí son justificados porque conocen los resultados que estas “revisiones y ajustes” han tenido en otras latitudes y saben que en otros países han llevado a la cárcel o han multado a los papás por impedir que sus niños sean adoctrinados con los dogmas de la ideología de género. El debate no pone en duda el respeto, la tolerancia y la no discriminación de las personas; esos principios de conducta los tienen claros la casi totalidad de docentes y familias. Cuando se ha estado enseñando en un aula o en el calor de un hogar se tienen muy claro ese marco axiológico y se hace vida. El Ministerio debe orientar participativamente los desafíos educativos del país, estimular la cualificación a los docentes, facilitar apoyo tecnológico y espacios adecuados de aprendizaje, pero, en cuanto al respeto, la dedicación a los niños, la conciliación, la comprensión y el cariño por quien piensa diferente, los maestros y los padres de familia pueden dar cátedra permanente a cualquier funcionario instalado en las cómodas oficinas de una dependencia pública del sector educativo o de una ONG.

El debate ya está ganado por las familias; la ministra lo reconoce cada vez que los medios de comunicación le abren sus micrófonos o la defienden en sus portadas. Esos mismos medios que dejan poco espacio para las familias y que registrarán como algo secundario la pacífica manifestación del 10 de agosto de 2016, donde saldremos a marchar para defender la consciencia y la inocencia de nuestros hijos, sobrinos, nietos y compatriotas. El debate está ganado porque la ministra ha recordado la libertad de los padres y la autonomía de los Colegios, restando la fuerza inicial a esa arrasadora iniciativa de enfoque de género. El debate está ganado porque el pueblo tiene sensatez, sentido común y la última palabra.

¡Vamos a marchar mañana y siempre! ¡Vamos a marchar para rescatar principios! ¡Vamos a marchar porque somos mayoría… y aunque fuéramos minoría! ¡Vamos a marchar para decirle al Estado que estamos cansados de su injerencia ideológica, la inspección burocrática y los excesos tributarios sobre los colegios! ¡Vamos a marchar para rechazar el monopolio de la educación en Colombia por parte del Ministerio! ¡Vamos a marchar por la libertad, el sano pluralismo y los verdaderos derechos de los niños! ¡Vamos a marchar porque la familia es el núcleo de la sociedad y merece la medalla de oro!